El amparo es la acción judicial expedita destinada a proteger derechos y garantías constitucionales frente a actos u omisiones —del Estado o de particulares— que los vulneren con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Está consagrado en el artículo 43 de la Constitución Nacional desde la reforma de 1994 y reglamentado por la Ley 16.986 a nivel federal, además de leyes provinciales específicas.
Es una herramienta excepcional, no un sustituto del proceso ordinario: requiere urgencia, manifiesta ilegitimidad y ausencia de otra vía idónea. Pero cuando se dan esas condiciones, ofrece una vía procesal abreviada que permite obtener tutela judicial efectiva en plazos breves. La doctrina y jurisprudencia constitucional ha extendido su aplicación a salud, ambiente, derechos del consumidor, libertad de expresión, datos personales (habeas data) y derecho a la información (Ley 27.275).
El más clásico: protege derechos subjetivos del actor. Procede contra actos u omisiones del Estado o de particulares. Plazo: quince días hábiles desde el acto u omisión (puede tener excepciones).
Protege derechos de incidencia colectiva: medio ambiente, consumidor, intereses supraindividuales. Legitimación amplia: afectado, defensor del pueblo, asociaciones registradas. Doctrina Halabi (CSJN, 2009) sentó las bases del amparo colectivo en materia patrimonial homogénea.
Cuando la administración no se pronuncia dentro de los plazos, el particular puede pedir judicialmente que el juez la emplace a resolver (artículo 28 LPA). No resuelve el fondo, pero rompe el silencio.
Variante específica para acceder, rectificar o suprimir datos personales en bancos de datos. Ley 25.326 y normativa concordante.
Para que el amparo prospere debe acreditarse: arbitrariedad o ilegalidad manifiesta del acto u omisión cuestionada (no basta una mera disconformidad jurídica); afectación actual o inminente de un derecho constitucional; ausencia de otra vía judicial idónea (no necesariamente más rápida, sino capaz de brindar tutela útil); urgencia.
La jurisprudencia ha señalado que la 'manifiesta ilegitimidad' no significa que el debate sea simple, sino que el agravio constitucional sea evidente. La idoneidad de la vía ordinaria se evalúa caso por caso: cuando esa vía implica un proceso largo durante el cual el daño se consuma, el amparo es procedente.
En nuestra práctica, los amparos típicos son: contra denegatorias de DNM en materia migratoria (artículo 76 Ley 25.871); por afectación al derecho a la salud (cobertura de prestaciones por obras sociales y prepagas); contra sanciones manifiestamente arbitrarias; contra demoras en trámites con afectación de derechos fundamentales; en materia de discapacidad y prestaciones de la Ley 24.901; en defensa del derecho a la información pública (Ley 27.275); contra actos administrativos que comprometen el ejercicio de actividades laborales o profesionales.